30 jun (EFE)LINK- Tormentas naturales y políticas tiñeron de gris el mes de junio del presidente de Guatemala, Álvaro Colom, quien vio como una tormenta tropical golpeaba el país, tres de sus ministros dimitían y recibió el duro golpe de la renuncia del jurista español Carlos Castresana al frente de la Cicig.
"Junio es un mes para olvidar, se juntaron todas las cosas malas en poco tiempo y no dieron chance (posibilidad) de hacer una transición a un Gobierno que se caracteriza por se frágil", comentó a Efe el analista político Miguel Ángel Sandoval.
Y es que a la población le llovió sobre mojado durante este mes.
Apenas se reponía de la violenta erupción del Pacaya del pasado 28 de mayo, que dejó dos muertos y miles de damnificados, cuando la tormenta tropical "Agatha" ingresó con furia a Guatemala para desnudar las debilidades del país frente a los fenómenos naturales.
El ciclón, el primero de la temporada que golpeó Guatemala, dejó 174 muertos y cientos de miles de damnificados.
Colom ha adelantado que su Administración necesitará entre 650 y 1.000 millones de dólares para hacer una reconstrucción de los serios destrozos que dejó "Agatha" en la infraestructura, así como en la agricultura.
Una de las peores tormentas que ha sufrido Colom en su mandato llegó sin una gota de agua, cuando el 7 de junio el jurista español Carlos Castresana renunció a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), argumentando falta de cumplimiento del estado para combatir a los grupos clandestinos.
El hombre fuerte en la lucha contra las grandes estructuras criminales en Guatemala abrió, con su renuncia, una crisis política al pedir la destitución del fiscal general, Conrado Reyes, recién nombrado por el presidente Colom.
"Conrado Reyes no es la persona que el Ministerio Público (MP) necesita, no es el Fiscal General que Guatemala merece, es una persona que tiene un récord de corrupción en su historia personal y que en el cortísimo tiempo que ha estado al frente de la institución ha demostrado compromiso con organizaciones ilícitas", dijo el jurista español.
Manifestaciones públicas encabezadas por la premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchu, exigieron la inmediata salida de Reyes, pero el jefe de Estado, alegando respeto al Estado de Derecho, no lo destituyó.
El 10 de junio, la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica de Guatemala, destituyó y ordenó la elección de un nuevo fiscal general.
Y por si eso fuera poco, el 9 de junio, los grupos criminales, en un claro desafío a las fuerzas de seguridad, dejaron en la vía pública cuatro cabezas humanas, una de ellas frente al Congreso.
Mensajes escritos en papeles dejados junto a los restos amenazaron con seguir con estos macabros hechos, y en efecto, el 28 de junio apareció otra cabeza que resultó ser la de una trabajadora del Sistema Penitenciario de Guatemala.
El Gabinete de Gobierno no escapó de las complicaciones del mes.
El pasado día 16, el ministro de Economía, Rubén Morales, presentaba su renuncia y abría el camino para que le siguiera, el 23, el titular de Finanzas, Juan Alberto Fuentes, quien presentó su dimisión sin haber logrado el apoyo del Congreso para impulsar una reforma fiscal en Guatemala.
Ese mismo día renunció el ministro de Energía y Minas, Carlos Meany, por problemas de salud y a ello se sumó la destitución del secretario Ejecutivo de la Presidencia, Saúl Alburez, quien según Colom lo "defraudó" al pretender ocultar la existencia de un proceso penal en su contra.
Sobre Alburez, quien fue nombrado en el cargo el pasado 17 de mayo, existe una orden de captura vigente por los delitos de usurpación de calidad y caso especial de estafa, por hacerse pasar como abogado sin contar con las credenciales universitarias.
Como consuelo, a Colom le queda la entrega, el pasado lunes, de los empresarios Francisco José y Estuardo José Valdés Paiz, supuestos autores intelectuales del asesinato del abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg, hecho en el que se había implicado al mandatario.
La entrega cierra el abanico de presuntos autores del crimen y permite encauzar la resolución del crimen, del que la Cicig eximió al gobernante y que supuso la tormenta política más dura de su gestión.
EFE.
