Santo Domingo, 10 jun (PL) Como promedio, 40 personas mueren de manera violenta en la provincia de Santo Domingo (Sur) cada mes, confirmó hoy una fiscal, que se pronunció por construir una prisión especial para los que llamó delincuentes incorregibles.
Las declaraciones de la funcionaria buscan desmentir estimados según los cuales la provincia de Santiago de los Caballeros es la más violenta de este país, donde el auge de la criminalidad es una de las asignaturas pendientes del gobierno.
El aumento del desempleo, la fractura del tejido familiar, la alienación de la sociedad por el consumismo y las fallas del sistema educativo son mencionadas como las causas de esa situación, en la cual el auge del abuso de narcóticos ocupa un lugar cimero.
En la provincia de Santo Domingo se registran cada mes 40 muertes violentas, seguida del Distrito Nacional, donde se reportan 23, dijo la magistrada Yeni Reynoso, quien precisó que Santiago de los Caballeros (Norte) informa cada mes 14 decesos por causas violentas.
La última cifra representa una disminución con respecto a 2009, dijo Reynoso, quien calificó de "necesaria" la construcción de una cárcel de alta seguridad para los reclusos de suma peligrosidad.
Algunos internos aprovechan las condiciones en las prisiones regulares para planificar y ejecutar delitos con la ayuda de secuaces en el exterior.
A fines del año pasado las autoridades detectaron y desmantelaron, después de ultimar a dos de sus miembros, a una banda que estafaba a familias adineradas informándoles de supuestos accidentes de algunos de sus miembros que requerían el envío inmediato de efectivo y valores.
Los fondos serían empleados, decían los estafadores, en sobornar a policías y familiares de las víctimas para que los hechos no pasaran a mayores, una práctica generalizada.
El cerebro de la organización operaba desde el interior de la prisión de Najayo utilizando teléfonos móviles, a pesar de la prohibición de tener esos dispositivos.
Por los menos dos funcionarios penitenciarios fueron despedidos y sometidos a juicio el año pasado bajo sospechas de complicidad con los criminales, alguno de los cuales dirigen redes de expendio de drogas dentro de los reclusorios.
A los hechos delictivos se suma conflictos diarios en las escuelas públicas, en las que prolifera el uso de armas blancas por pandillas de adolescentes y, más preocupante aún, la existencia de bandas de menores que actúan bajo la dirección de delincuentes curtidos en el expendio de drogas, asaltos y robos en viviendas.
La proliferación de esos hechos ha provocado que sectores de la sociedad civil y organizaciones políticas se pronuncien por un endurecimiento de las provisiones del Código del Menor el cual, aducen, tiene demasiados agujeros por los cuales escapan autores de delitos de mayor cuantía.
